A pesar de los avances en materia de transparencia, el secreto fiscal y la poca disposición por parte de la autoridad tributaria para cumplir a cabalidad con sus obligaciones en materia de transparencia continúan limitando el acceso a la información de la ciudadanía. Para avanzar en este sentido, el secreto fiscal debe ser superado para que sea posible conocer quienes han sido beneficiado con la cancelación o condonación de sus créditos antes del 2015, y también es importante que el SAT cumpla con las múltiples resoluciones del INAI en donde se le ha ordenado entregar esta información.

Por otro lado, también es recomendable que la autoridad tributaria publique la información en su poder sobre otro tipo de figuras que también constituyen una condonación de créditos, como el caso de reducciones o disminuciones de los mismos. Esta información es de interés público y debería de ser un factor para brindar certeza a todos y todas las contribuyentes de que la autoridad fiscal no realiza tratos desiguales.

Para genera credibilidad es fundamental saber que se están realizando todos los esfuerzos para cobrar deudas tributarias a aquellos contribuyentes que sí cuentan con capacidad de pago, y de esta forma evitar que se abuse de las figuras de cancelaciones y condonaciones de créditos.

Para lograr lo anterior, es necesario que la autoridad tributaria en México dé a conocer información respecto a los fundamentos y motivos que justificaron la cancelación o condonación de cada crédito fiscal, además de las acciones que fueron intentadas para recuperar los adeudos fiscales antes de beneficiar a los contribuyentes.

En el marco de los problemas que presentan las finanzas públicas en México, resulta prioritario plantear modificaciones normativas que disminuyan la probabilidad de que ciertos contribuyentes no paguen lo que es justo. Antes de otorgar beneficios fiscales, el Estado debería acreditar plenamente que éstas medidas son necesarias para alcanzar los objetivos económicos deseados y que no se impactarán injustificadamente en el financiamiento de otros derechos humanos. Una medida para garantizar lo anterior consiste en incluir los principios de derechos humanos a lo largo del ciclo de la política fiscal.